La 75 Legislatura de Michoacán Fortalece la Ley de Protección a Periodistas

El día de hoy, en sesión legislativa, la 75 Legislatura de Michoacán reforzó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Michoacán de Ocampo, abordando observaciones emitidas por el Ejecutivo Estatal en relación al Decreto Legislativo número 419 de dicho ordenamiento.

A propuesta de la Comisión de Derechos Humanos, se aprobó un dictamen que establece que la Junta de Gobierno supervisará el Plan de Trabajo de la Unidad de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Además, se requerirá enviar una copia al Congreso del Estado para su conocimiento.

Una de las modificaciones más relevantes es la ampliación de la definición de periodistas, incluyendo a aquellos individuos que, sin poseer un título profesional en la materia, ejercen actividades informativas, analíticas, de difusión, y publicación en medios impresos, digitales o audiovisuales en el territorio estatal.

Las solicitudes de protección podrán realizarse de forma presencial, escrita o digital, utilizando plataformas electrónicas habilitadas por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La ley garantiza la protección de la integridad física y los datos personales de los solicitantes, y establece medidas preventivas y de protección extraordinarias en caso de amenazas o agresiones a su integridad física, psicológica, patrimonial o emocional.

Asimismo, se prevé la elaboración de un padrón actualizado como medida de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, con la opción de decidir su inclusión en este registro.

Cuando sea necesario brindar apoyo económico, alimentación, acompañamiento familiar, protección de inmuebles o reubicación residencial, el Sistema Estatal deberá coordinarse con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para su implementación.

Estas reformas buscan fortalecer la protección y salvaguarda de quienes ejercen actividades periodísticas o defienden derechos humanos en el estado, asegurando un entorno seguro y favorable para su trabajo.

 

 

 

 

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