Morelia Michoacán – El diputado Víctor Zurita Ortiz, miembro del Grupo Parlamentario de Morena en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado, ha resaltado la obligación de los prestadores del servicio de estacionamiento público de hacerse responsables tanto por robos totales o parciales como por los daños sufridos por los vehículos bajo su cuidado. Con el objetivo de establecer esta responsabilidad, Zurita, junto con los diputados Samanta Flores, Mónica Valdez, Belinda Hurtado, Mayela Salas, Andrea Villanueva y Ernesto Núñez, ha presentado una iniciativa para reformar el Código Civil del Estado.
En palabras de Zurita: «En muchas ocasiones, cuando manejamos un automóvil, nos vemos obligados a utilizar los estacionamientos públicos que están proliferando sin regulación por parte de las autoridades municipales. Al ingresar a estos establecimientos, a menudo lo hacemos rápidamente y no revisamos las tarifas ni las condiciones del servicio».
El diputado ha señalado que muchos de estos estacionamientos se aprovechan de la falta de regulación o de la complicidad de las autoridades municipales para cobrar tarifas excesivas y eximirse de responsabilidades en caso de robo total o parcial de los vehículos o de los daños que puedan sufrir mientras están estacionados.
Zurita enfatizó: «En el caso específico de nuestra ciudad capital, ir al centro se ha convertido en un lujo al alcance de unos pocos. A menudo gastamos más dinero en estacionamiento que en gasolina. Pero el problema no termina ahí; lo más grave es cuando regresamos a recoger nuestro vehículo y descubrimos que ha sido robado o dañado en el estacionamiento donde lo dejamos, y los dueños se niegan a asumir responsabilidad».
El diputado agregó que, por lo general, los estacionamientos se deslindan de responsabilidades mediante letreros en sus instalaciones o en los boletos, con la clásica leyenda: «La empresa no se hace responsable por robo total o parcial del vehículo, ni por los daños sufridos dentro del establecimiento». Esta situación deja a los usuarios en una posición desfavorable, ya que el alto costo del servicio no garantiza seguridad y solo suple la incapacidad de las autoridades para proporcionar lugares de estacionamiento seguros.
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