En una decisión histórica, el Congreso del Estado de Michoacán aprobó por unanimidad la reforma legislativa propuesta por la diputada Lupita Díaz Chagolla, la cual garantiza protección integral a niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus madres a causa del feminicidio.
La reforma, avalada en el Pleno de la LXXV Legislatura Local, enmienda la Ley de Atención a Víctimas y la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el estado, asegurando atención jurídica, psicológica, médica y económica hasta los 18 años de edad para los menores en situación de orfandad por feminicidio. Esta medida se extiende a todos los niños y adolescentes que actualmente se encuentran en esta condición, así como a aquellos que puedan quedar en dicha situación en el futuro.
La diputada Lupita Díaz Chagolla, quien lidera la bancada del PRD en el Congreso Local, expresó su satisfacción tras la aprobación de estas reformas fundamentales para la protección de los derechos de los menores más vulnerables en Michoacán. Destacó que, hasta ahora, los recursos disponibles para estos casos han sido limitados y discontinuos, lo cual deja desamparados a muchos niños y adolescentes que enfrentan una doble tragedia tras la pérdida de su madre.
Según cifras del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), se estima que en Michoacán hay más de 200 niños en situación de orfandad por feminicidio. Esta reforma asegura que el Estado asuma la responsabilidad de brindarles los apoyos necesarios para su bienestar integral, incluyendo alimentación, educación, servicios médicos y terapias psicológicas.
La legisladora subrayó que esta iniciativa busca dar certeza jurídica y protección efectiva a aquellos menores que quedan en una situación de vulnerabilidad extrema, enfrentando no solo la pérdida de su madre, sino también el desafío de reconstruir sus vidas con recursos adecuados y continuos.
Con esta aprobación, Michoacán se posiciona como uno de los estados pioneros en México en ofrecer un marco legal robusto para la protección de los derechos de los niños y adolescentes afectados por el feminicidio, reafirmando el compromiso del gobierno estatal con los principios de justicia social y equidad.
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