Morelia, Mich., 7 de mayo de 2025 – Con la intención de combatir los abusos en tránsito y garantizar mayor transparencia en los cobros por arrastre vehicular, el Diputado Hugo Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del PT, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán.
Regulación clara para evitar arbitrariedades
Rangel destacó que existen múltiples casos de arbitrariedad cometidos por agentes de tránsito en Michoacán, debido a vacíos legales que permiten prácticas discrecionales. Su propuesta busca establecer límites precisos para la remisión de vehículos al depósito, prohibiendo que los reglamentos estatales y municipales operen fuera de la norma general.
“La ciudadanía enfrenta un estado de indefensión ante prácticas viciadas que han normalizado el abuso como forma de gestión pública”, señaló el Legislador. Por ello, la iniciativa incorpora un catálogo claro de causales que justifican la remisión de un vehículo, eliminando la interpretación arbitraria por parte de los cuerpos de seguridad vial.
Protección del patrimonio ciudadano
Además, el proyecto de ley establece obligaciones para preservar los objetos contenidos en los vehículos y responsabilidades patrimoniales en caso de daño o pérdida, cerrando el paso a la impunidad institucional.
Transparencia en el cobro de arrastre y depósito
Otro eje central de la reforma tiene que ver con la recaudación por servicios de arrastre y depósito. Actualmente, estos cobros no siempre se transparentan, ni se registran debidamente en la Secretaría de Finanzas y Administración. La iniciativa propone que sea esta dependencia, y no operadores externos o instancias municipales, la responsable de recibir dichos ingresos con tarifas autorizadas previamente por el Congreso en la Ley de Ingresos del Estado.
“La ley vigente no protege lo suficiente al ciudadano, y sus omisiones han sido terreno fértil para la corrupción”, enfatizó Rangel. “Desde el Congreso del Estado, nuestra tarea es garantizar certidumbre jurídica y frenar el abuso como política pública.”
Con esta propuesta, el legislador busca establecer un marco legal más justo, que erradique prácticas discrecionales y garantice transparencia y protección para los ciudadanos michoacanos.
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